El diputado delegado de Barrios Rurales de la Diputación de Zaragoza, Miguel Sanz, ha invitado hoy viernes al Ayuntamiento de la capital aragonesa a llevar a los tribunales el último convenio de barrios rurales. “Los hechos son muy claros. Como comprenderán no nos asusta que el Ayuntamiento diga ahora que va a ir a los tribunales. Al revés, les invitamos a que lo hagan. Los jueces dejarán claro que el Ayuntamiento debe 2 millones de euros a la Diputación y que si les llegamos a transferir lo que nos reclaman en vez de 2 millones de euros nos deberían 6”, ha recordado.

Sanz ha informado de que el Ayuntamiento todavía no ha contestado a la solicitud de la DPZ de celebrar una comisión de seguimiento del convenio el 27 o el 28 de julio. “Volveremos a reiterarles la petición de que nos digan una fecha, y como ya dijimos el martes, si no quieren que nos reunamos, además de demostrar que no tienen razón ni razones, nos obligarán a liquidar el convenio en los tribunales”, ha explicado.
“Más allá de la escenificación y de los cartelitos con cifras tergiversadas, más allá de las mentiras, la desvergüenza y la falta de rigor, lo que tienen que saber los ciudadanos es que el convenio tenía que estar ejecutado al 100 por 100 el 31 de diciembre de 2024, que es cuando vencía”, ha subrayado el diputado delegado de Barrios en referencia a las últimas declaraciones del concejal Alfonso Mendoza.

“Obviamente ni por mucho estaba ejecutado para esa fecha, como ellos mismos reconocieron días antes. A esa fecha solo habían ejecutado 3 de los 9 millones de euros que debían invertir en obras nuevas”, ha detallado Sanz. “Pero entonces si querían haberlo prorrogado tenían que haber aceptado nuestra petición de hacer una comisión de seguimiento antes de que el convenio venciera. Y tampoco lo hicieron. No quisieron reunirse y dejaron que el convenio muriera a pesar de que ya estaban advertidos por su propia Intervención de que debían renovarlo o acordar una modificación”.

El diputado ha puesto de manifiesto la postura “trumpista” del Ayuntamiento al hablar y actuar “como si el convenio hubiera seguido vigente”. “Nosotros por contra somos serios y rigurosos, y desde la seriedad y el rigor reiteramos que el convenio de barrios rurales decayó el 31 de diciembre de 2024; que el Ayuntamiento lo dejó morir habiendo ejecutado solo 3 de los 9 millones de euros que debía invertir en obras nuevas; que 4 de los 6 millones de euros que no ejecutaron afortunadamente no les fueron transferidos y que por supuesto han perdido el derecho a cobrarlos; y que los 2 millones restantes que nos ejecutaron nos lo tienen que devolver, tal y como vamos a pedirles, si nos dejan, en la próxima comisión de seguimiento”, ha expresado Sanz resumiendo la postura de la Diputación de Zaragoza.

Por último, el diputado delegado de Barrios Rurales ha reiterado una vez más “la disposición de la Diputación a firmar un nuevo convenio de barrios rurales”. “Como ya dijimos el martes, antes hay que liquidar el anterior. Y viendo lo que está haciendo el Ayuntamiento estos días nos tememos que desgraciadamente no están por la labor”, ha lamentado.