Martes, 14/07/2026

La Diputación de Zaragoza se ha reunido hoy martes con los alcaldes y las alcaldesas de los barrios rurales de la capital aragonesa para explicarles los incumplimientos del Ayuntamiento en el último convenio 2021-2024. Antes del encuentro, la DPZ ha escrito al Consistorio convocándole a una comisión de seguimiento del convenio de barrios rurales a celebrar el 27 o el 28 de julio en la que le reclamará la devolución 2 de los 6 millones de euros no ejecutados (los otros 4 no se llegaron a transferir precisamente por los incumplimientos).

“¿Es posible la firma de un nuevo convenio? Por supuesto, seguimos pensando que para la Diputación de Zaragoza es una obligación apoyar a los barrios rurales de Zaragoza y a sus vecinos y vecinas, pero el primer paso tiene que ser cerrar el convenio anterior”, ha destacado la vicepresidenta, Teresa Ladrero, que además ha planteado que la nueva fórmula sea una línea de ayudas similar al que la DPZ convoca cada año para los barrios rurales de la provincia.

A la reunión, a la que estaban convocados todos los barrios rurales de la capital aragonesa, han asistido los alcaldes y las alcaldesas de Garrapinillos, Movera, Juslibol, Peñaflor, San Juan de Mozarrifar y Monzalbarba. Además, Montañana y La Cartuja Baja han justificado su ausencia por carta mostrando sus quejas por la gestión de convenio por parte del Ayuntamiento.

“Viendo lo mal que sentó al equipo de gobierno de la señora Chueca, tengo que decir que esta reunión se ha convocado en aras de la transparencia y la información y a petición de los barrios rurales, que se sienten desamparados por el Ayuntamiento de Zaragoza. La señora Chueca no ha parado de presumir de su gestión en los barrios rurales de Zaragoza, pero como hemos explicado en la reunión la realidad es que ha sido una gestión muy deficiente”, ha lamentado Ladrero, que además de volver a recordar que el Ayuntamiento dejó 6 millones de euros sin ejecutar dentro del último convenio ha vuelto a poner de manifiesto que fue el Consistorio quien dejó morir el convenio negándose a hacer una comisión de seguimiento antes de su vencimiento.

“Desde entonces la señora Chueca y su equipo de gobierno no han parado de culpar a la Diputación de su propia incapacidad dando cifras tergiversadas y engañando a los ciudadanos. El Ayuntamiento actúa como si el convenio no tuviera valor jurídico ni consecuencias legales, como si no hubiera decaído y se hubiera prorrogado por arte de magia, como si el Ayuntamiento pudiera ampliarlo unilateralmente sin contar para nada con la Diputación”, ha denunciado Ladrero criticando además que el Consistorio “insulta” a la Diputación y a su presidente, Juan Antonio Sánche Quero.

“Están utilizando el convenio de barrios rurales como arma arrojadiza contra la Diputación, cuando es la Diputación la que pone el dinero”, ha recordado la vicepresidenta, que también ha denunciado que el Ayuntamiento no ha cumplido los criterios objetivos de reparto entre todos los barrios rurales establecidos en el últimos convenio. “A modo de ejemplo, en Montañana el Ayuntamiento solo ha invertido 60.000 euros con cargo al último convenio de barrios rurales y a Juslibol directamente no ha llegado ni un solo euro”, ha explicado.

El convenio 2017-2019

En virtud del convenio 2017-2019 la Diputación transfirió al Ayuntamiento 9 millones de euros para hacer nuevas infraestructuras y equipamientos en los barrios rurales de Zaragoza. Ese convenio fue prorrogado varias veces, lo que permitió que su vigencia se alargara cuatro años más, hasta el 31 de diciembre de 2023.

A pesar de esas ampliaciones, en 2024 el Ayuntamiento ya tuvo que devolver a la Diputación 764.000 euros no ejecutados y ahora se está tramitando otro proceso de reintegro para que el Consistorio devuelva a la DPZ otros 732.000 euros más. Por tanto la inejecución del convenio 2017-2019 pueden llegar hasta los 1,5 millones de euros.

El convenio 2021-2024

Posteriormente se firmó el convenio 2021-2024, en virtud del cual la Diputación se comprometió a aportar otros 16 millones de euros en cuatro años. De esa cantidad, 4 millones no tenían que justificarse, sino que entregaban por la colaboración en la prestación conjunta de servicios como bomberos o gestión de residuos; otros 3 millones eran para que el Ayuntamiento terminara las obras pendientes del convenio 2017-2019; y los 9 millones restantes eran para hacer obras nuevas diferentes de las del convenio anterior.

De los 3 millones para terminar las obras del convenio anterior, el Consistorio tiene que justificar 444.000 euros, cuestión que también se le reclamará en la próxima comisión de seguimiento.

En cuanto a los 9 millones de euros que el Ayuntamiento debería haber invertido en obras nuevas, solo se ejecutaron 3 millones, una tercera parte. Los otros 6 millones tendrían que devolverse, pero como los 4 millones de la última anualidad no fueron transferidos precisamente por los bajísimos datos ejecución que fue dando el Ayuntamiento, la cantidad que la Diputación va a reclamar en la comisión de seguimiento son 2 millones de euros.

En el último convenio otra de las grandes novedades fue que estableció un criterio objetivo de reparto de los fondos entre todos los barrios rurales. Al igual que sucede con los principales planes de ayudas de la Diputación a los municipios de la provincia, el convenio fijó que el 40% de los 12 millones de euros para obras debía repartirse mediante un fijo igual para todos los barrios rurales y que el 60% restante se distribuiría en función de la población de cada barrio rural.

El Ayuntamiento dejó decaer el último convenio

En julio de 2024 la Intervención del Ayuntamiento de Zaragoza emitió un informe de control financiero en el que recomendaba solicitar la prórroga del convenio 2021-2024 antes de su finalización el 31 de diciembre de 2024. Esta recomendación se hizo “teniendo en cuenta el escaso grado de ejecución alcanzado en las obras realizadas, tan solo del 2% a falta de un año de ejecución y del 12,6% a falta de media anualidad”. Por tanto el Ayuntamiento sabía que tenía que prorrogar el convenio o negociar una modificación de lo acordado. A pesar de ello, el Ayuntamiento no quiso celebrar una comisión de seguimiento antes del 31 de diciembre, tal y como le pidió la Diputación el 20 de diciembre, y el convenio expiró.