El presidente de la Diputación de Zaragoza, Juan Antonio Sánchez Quero, ha comparecido hoy viernes en la comisión especial creada por las Cortes de Aragón para estudiar la creación de un estatuto jurídico del pequeño y mediano municipio. En su intervención, Sánchez Quero ha propuesto once medidas para simplificar y facilitar el gobierno y la gestión de los pequeños y medianos ayuntamientos aragoneses:
1) Restringir la organización municipal a tres órganos de gobierno: alcalde, teniente de alcalde y pleno.
2) Redefinir de las competencias de esos órganos de gobierno y adaptar el régimen de sesiones del pleno.
3) Dispensar a los pequeños y medianos municipios de la obligación de prestar los servicios mínimos que les corresponden según el artículo 26 de la Ley de Bases del Régimen Local.
4) Simplificar las reglas del procedimiento administrativo para este tipo de municipios y eximirles de elaborar instrumentos de planificación (plan normativo, plan de contratación y plan de subvenciones).
5) Simplificarles también la normativa presupuestaria y de control y rendición de cuentas.
6) Simplificarles el régimen de personal y el que afecta a los funcionarios con habilitación nacional.
7) Simplificar toda la organización y los procedimientos.
8) Implantar un régimen especial en materia de contratos públicos incrementando los límites del contrato menor y del procedimiento simplificado.
9) Modificar el régimen de incompatibilidades de los miembros de la corporación. flexibilizando el régimen de prohibiciones para contratar con autónomos y empresas de la localidad.
10) Establecer una financiación suficiente con criterios objetivos acorde a la obligatoriedad de la prestación de los servicios básicos y conceder subvenciones incondicionadas.
11) Potenciar la administración electrónica.
Además, en su comparecencia el presidente de la Diputación de Zaragoza ha incidido en que la actividad de las comarcas debería orientarse hacia una mera prestación supramunicipal de servicios a los ciudadanos y de asistencia a los municipios que le sirven de base en el marco de la provincia correspondiente, siendo las diputaciones provinciales a quienes les debería incumbir el desarrollo de la planificación general y estratégica del territorio. «La convivencia entre provincias y comarcas sobre un mismo espacio territorial debe repensarse y clarificarse», ha defendido Sánchez Quero.
Obligados a hacer lo mismo que los grandes con menos recursos
Sánchez Quero ha recordado que desde la llegada de la Democracia “los poderes legislativos y ejecutivos, central y autonómicos no han ha sido capaces de dar una respuesta satisfactoria a las demandas, normativas y económicas de los municipios españoles”. “El sistema de financiación de las entidades locales se ha revelado notoriamente insuficiente para que puedan atender todas las competencias que les atribuye el ordenamiento jurídico y dar una justa respuesta a las reivindicaciones y las necesidades de sus vecinos y vecinas”, ha lamentado el presidente, que ha destacado que esta problemática, común a todos los ayuntamientos “es aún más grave en el conjunto de los pequeños y medianos municipios”. “Se ven obligados a ejercer las mismas competencias y actuar con las mismas reglas de funcionamiento que los municipios de mayores dimensiones, pero sus escasos recursos humanos, económicos y materiales y las complicadas reglas de gestión les impiden llevar a cabo una eficiente prestación de calidad de los servicios públicos esenciales”, ha criticado.
Sánchez Quero también ha subrayado la dificultad añadida de que, aunque la legislación suele delimitarlos como aquellos que no llegan a los 5.000 habitantes (el 95% de los 292 ayuntamientos de la provincia de Zaragoza), “el conjunto de los pequeños municipios es muy heterogéneo”. “Hay municipios con una capacidad administrativa de gestión casi nula dependientes del auxilio que le proporcionan las entidades supramunicipales o las diputaciones provinciales y hay municipios que tienen una innegable capacidad administrativa, técnica y económica, para desarrollar un cierto número de funciones y servicios públicos”, ha señalado.
